HISTORIA DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS

 

ORIGEN:
El origen de las provincias argentinas se remonta a la conquista y al régimen de gobierno y administración creado durante la dominación española. Así, encontramos tres grandes corrientes del poblamiento de la región. En primer lugar aparece la corriente proveniente de España, la cual ocupó la Cuenca del Plata, dando lugar a la fundación de las ciudades de Santa Fe (1573), Buenos Aires (1580) y Corrientes (1588). La segunda corriente fue la del Norte y ella ocupó el norte y centro del territorio actual argentino, denominado Tucumán; dio lugar a la fundación de las ciudades de San Miguel de Tucumán (1565), Córdoba (1573), Salta (1582), La Rioja (1591), Jujuy (1593) y Catamarca (1683). Finalmente, la tercer corriente fue la del Oeste, la cual ocupó la zona de Cuyo y generó las fundaciones de Mendoza (1561), San Juan (1562) y San Luis (1596).
El Virreinato del Río de la Plata fue creado el 27 de julio de 1776 por Carlos III, en un primer momento, en forma provisoria. Fue formado por siete provincias y ellas fueron Buenos Aires, Tucumán y Cuyo (las que permanecieron en el actual territorio argentino), Paraguay, Potosí, Santa Cruz de la Sierra y Charcas. En 1782, fue dividido el virreinato en ocho intendencias, las que tenían a su cargo las potestades de Justicia, Policía, Hacienda y Guerra. Las tres intendencias erigidas en territorio argentino comprendieron nuestras primeras catorce provincias. Así, la intendencia de Buenos Aires extendía su jurisdicción sobre Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y la Banda Oriental; la intendencia de Córdoba del Tucumán se extendía sobre Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja; finalmente, la intendencia de Salta se extendía sobre Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.

FORMACION DE LAS PRIMERAS CATORCE PROVINCIAS:
La actual provincia Buenos Aires se separó el 13 de enero de 1812, cuando el Triunvirato aceptó un pedido del Cabildo por el que se reclamaba que el gobierno particular de la provincia no fuera ejercido por el gobierno general, pero, con el transcurso de los años, se instaló en Buenos Aires el gobierno nacional. En febrero de 1820, el ejército del general José Rondeau fue derrotado por Francisco Ramírez y Estanislao López, lo cual hizo desaparecer el gobierno nacional dejando a cada provincia como dueña de su propio destino. Así, al producirse la disolución de los poderes nacionales (tanto del Directorio como del Congreso), la provincia de Buenos Aires se vio obligada a organizarse como tal, siguiendo el ejemplo de las demás provincias. Dos semanas después de la derrota, un cabildo abierto eligió a doce representantes de tendencia federal, a los que otorgaron amplias facultades. Se reunió una Junta de Representantes y eligió como gobernador a Manuel de Sarratea, designado en forma provisional hasta que pudiera reunirse el voto de la campaña. La constitución de su Primera Junta de Representantes y la elección del gobernador por la misma señala la aparición de Buenos Aires como un estado provincial, dentro de las comunidades provinciales argentinas. Como consecuencia de esto, la Gobernación Intendencia de Buenos Aires, bajo la coacción de los vencedores, se constituyó en provincia autónoma y fue con esta que los caudillos victoriosos celebraron el Tratado del Pilar (23 de febrero de 1820), el cual aseguraba el triunfo del principio federal.
El 10 de septiembre de 1814, se decretó la creación de las provincias de Entre Ríos y Corrientes. Ahora bien, la revolución federal de 1815 obligó al gobernador intendente de Entre Ríos a abandonar la provincia. José E. Hereñú proclamó la independencia de la provincia bajo el protectorado de Artigas; en 1818, el gobierno quedó en manos del general Francisco Ramírez. Firmado el Tratado del Pilar luego de la victoria en Cepeda y asilado Artigas en Paraguay luego de ser derrotado por Ramírez, en septiembre de 1820, se constituyó la República de Entre Ríos, formada por las provincias de Entre Ríos y Corrientes y el territorio de Misiones, bajo el gobierno del mismo Ramírez. Buenos Aires, resuelta a evitar el triunfo del sistema federal, aliada con Santa Fe, promovió un nuevo conflicto en el que fue derrotado y muerto Ramírez, por lo que se disolvió la República de Entre Ríos. En ausencia de Ramírez, Ricardo López Jordán ejerció el gobierno, pero el coronel Lucio Mansilla, de acuerdo con Santa Fe y Buenos Aires, se sublevó y en septiembre de 1821, asumió el mando político como gobernador provisorio. Fueron convocadas elecciones para elegir el Congreso que comenzó a funcionar ese mismo año y, finalmente, dictó una constitución y confirmó a Lucio Mansilla como primer gobernador, cuyo período dio su fisonomía a las instituciones entrerrianas. La muerte de Ramírez repercutió en Corrientes y, en octubre, una revolución depuso a Carriego. Luego del interinato de Nicolás R. de Atienza, el Congreso provincial, a fines de 1821, eligió gobernador a Juan José Fernández Blanco y dictó la primera constitución. Así, la existencia de la provincia de Corrientes quedó definitivamente asegurada.
Artigas había extendido su influencia sobre la provincia de Santa Fe, pero, dado el descontentó de los santafecinos, se facilitó el ingreso de las fuerzas nacionales del general Juan José Viamonte, quién nombró un teniente gobernador. El accionar de los hombres de Viamonte dio lugar a un nuevo movimiento popular que volvió a emancipar a Santa Fe y elevó al gobierno a Mariano Vera en mayo de 1816. Este fue depuesto dos años después por un movimiento revolucionario y del gobierno del Cabildo se hizo cargo Estanislao López. Estalla entonces un conflicto armado con el gobierno nacional. Finalmente, Santa Fe se separó de la provincia de Buenos Aires a través de la Paz de San Lorenzo el 12 de abril de 1819), bajo el gobierno de Estanislao López, quien se autoproclamó gobernador interino.
El 8 de octubre de 1814 se separó la provincia de Tucumán al dividirse la provincia de Salta. Un motín militar, el 11 de noviembre de 1819, depuso al gobernador intendente y un cabildo abierto, en su lugar nombró al coronel mayor de milicias Bernabé Aráoz, pero, cuando este trató de organizar la provincia y convocó un congreso provincial para dictar una constitución, el congreso dictó una constitución que, en su preámbulo, declaraba a Tucumán como una república independiente. La disolución de la República del Tucumán provocada por la caída de Aráoz, el 28 de agosto de 1821, hizo que la ciudad de Tucumán y su jurisdicción se organizara en provincia; bajo el gobierno interino de Clemente Zavaleta se reunió, en mayo de 1822, la Sala de Representantes de la Provincia de Tucumán. Anteriormente, por descontentos con Tucumán, el comandante Juan Felipe Ibarra marchó sobre la ciudad de Santiago del Estero y desalojó a los tucumanos; pocos días después, un manifiesto dado por Aráoz en Tucumán provoca la ruptura definitiva y la constitución de Santiago del Estero, bajo la gobernación de Juan Felipe Ibarra y con Legislatura propia, como provincia argentina (abril de 1820). Catamarca siguió los pasos de Santiago del Estero y un cabildo abierto, el 25 de agosto de 1821, declaró la disolución de los vínculos que la subordinaban a Tucumán, eligiendo a Nicolás Avellaneda y Tula como primer gobernador; el año siguiente comenzó a cumplir sus funciones la

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA:
Recuperada la ciudad de Salta a mediados de julio de 1821 de manos españolas, fueron elegidos representantes provinciales, los cuales se reunieron en junta y dictaron la constitución provincial (agosto de 1821). A continuación eligieron gobernador al coronel José Antonio Fernández Cornejo y, así, la provincia quedó definitivamente constituida. Jujuy, dependiente de Salta, tardó en triunfar en sus aspiraciones autonomistas, por lo que, recién a fines de 1834, un movimiento popular dirigido por el teniente coronel José María Facio proclamó la separación de Salta. La Legislatura salteña reconoció la separación, por lo que, rápidamente, se formaron instituciones locales (el poder legislativo ya funcionaba a principios del año 1835) y se nombro a José María Facio como primer gobernador.
Un cabildo abierto proclamó la independencia de la provincia de Córdoba y entregó el gobierno al Cabildo, el 17 de enero de 1820, como consecuencia de la sublevación en la Posta de Arequito. Seis días más tarde, otro cabildo abierto eligió como gobernador intendente interino a José Javier Díaz, sucedido por Juan Bautista Bustos. Al ser depuestas las autoridades y entregado el gobierno al Cabildo, La Rioja se separó de Córdoba el 24 de enero de 1820. El coronel mayor Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, quien había inspirado el movimiento revolucionario, fue electo gobernador; en 1823 se conformó la Legislatura de la provincia. Córdoba, finalmente, aceptó la separación.
Durante el mes de octubre de 1813, en vistas de la situación chilena y de la posible invasión española, se dispuso la formación de una gobernación intendencia, con la denominación de provincia de Cuyo, con capital en Mendoza, de manera que salía de la órbita cordobesa. El 1º de marzo de 1820 un cabildo abierto de la ciudad de San Juan proclamó la autonomía de la provincia. El capitán Mariano Mendizábal, quien había depuesto al teniente gobernador para dar lugar al cabildo abierto, fue electo gobernador por el mismo cabildo; en 1821 comenzó a funcionar la Legislatura. Los acontecimientos sanjuaninos repercutieron en el resto de la provincia de Cuyo y, en San Luis, fue también depuesto el teniente gobernador y el Cabildo local se convirtió en Cabildo gobernador, presidido por José Santos Ortiz, haciéndose cargo de las facultades política, militar, de hacienda y de guerra; recién en 1825 comenzó a funcionar la Legislatura. Al sublevarse Mendizábal, desde Mendoza, el gobernador intendente de Cuyo envió fuerzas para sofocar la revuelta, pero dada la situación de la capital cuyana debió entregar el gobierno al Cabildo, el que no tardó en ser depuesto por un movimiento revolucionario que elevó a Pedro José Campos al gobierno en febrero de 1820; en ese mismo año se organizó la Legislatura.
Fue de esta manera en que aparecieron las provincias argentinas anteriores a la Constitución Nacional de 1853, con el carácter de unidades políticas autónomas. Las instituciones propias de estas provincias se van configurando a lo largo del período preconstitucional. Al producirse la Revolución de Mayo de 1810, las tres provincias del Virreinato rioplatense que constituyeron la piedra angular de la nacionalidad argentina, conservaban como estatuto de gobierno la Real Ordenanza de Intendentes (enero de 1782). La Revolución opera a lo largo de la primera década de nuestra existencia nacional una transformación substancial en el gobierno provincial y así los representantes del monarca absoluto se convierten en representantes del pueblo. Entonces, cada provincia procura dar forma a su organización local con su gobernador, su asamblea representativa y su administración de justicia; igualmente, el predominio del gobernador fue visible, a partir de 1835, fundamentalmente.
Ideas, tradiciones y costumbres han elaborado las instituciones locales. Los españoles nos transmitieron el cuadro de su administración y los principios autoritarios en materia de gobierno. Al pensamiento político francés debemos la doctrina de la soberanía del pueblo, la teoría de la división tripartita de los poderes gubernamentales y la declaración de los derechos del hombre. Los Estados Unidos nos dieron los principios contenidos en su declaración de independencia, la teoría de una constitución como ley suprema del estado, comprensiva de los derechos civiles y de la organización del gobierno, y también los modelos constitucionales de los estados particulares integrantes de la Unión.

GOBERNADORES Y TERRITORIOS NACIONALES:
Al dictarse la Constitución de 1853 se estableció en la misma, entre las atribuciones del Congreso, "fijar los límites de las provincias, crear otras nuevas y determinar con una legislación especial, la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias" (Art. 64; hoy 75, inciso 15). Las jurisdicciones provinciales no se hallaban debidamente determinadas, lo que creaba dificultades en materia de límites, sin contar que cada provincia se atribuía territorios sobre los cuales no podía hacer efectiva su autoridad. Regularizada la vida del país, el Congreso debía fijar definitivamente los límites entre las provincias, cometido aún no terminado, y señalar el destino de los territorios que se hallaban fuera de su jurisdicción efectiva.
En octubre de 1862, el nuevo Congreso dictó la ley Nº 28 que establecía que "todos los territorios existentes fuera de los límites o posesiones de las provincias son nacionales, aunque hubiesen sido enajenados por los gobiernos provinciales desde el 1º de mayo de 1853". La ley nacional Nº 1532, de 1884, dividió los territorios nacionales en las siguientes gobernaciones: La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones, Formosa y Chaco. Su gobierno fue entregado a un gobernador nombrado por el Poder Ejecutivo de la Nación, con acuerdo del Senado. La justicia de Paz y el gobierno municipal se organizaban conforme a las condiciones existentes entonces en los referidos territorios. Se estableció que las gobernaciones que alcanzasen 30 mil habitantes tendrían una legislatura local, porque recién al alcanzar los 60 mil habitantes una gobernación tendría derecho a ser declarada provincia argentina; la sección que tuviera más de mil habitantes tendría derecho a elegir un Concejo Municipal. La legislatura prevista por la ley nunca fue creada. Esta ley presidió el progreso de las gobernaciones nacionales y las preparó para convertirse en provincias; el proceso fue, sin embargo, lento.
Las cuestiones suscitadas en materia de límites internacionales con el Paraguay después de terminada la guerra de la Triple Alianza, hicieron que Sarmiento, en 1872, creara el gobierno del Chaco. En 1874 este gobierno fue dividido. Así, gracias a la ley Nº686, apareció la gobernación del Chaco, al crearse una jefatura política en el Chaco austral, entre el río Bermejo y el Arroyo del Rey. En 1884, durante la presidencia de Julio A. Roca, la gobernación sufrió las modificaciones establecidas al régimen de territorios nacionales establecida por la ley Nº 1532. Pero los territorios nacionales habían acrecentado su población con el transcurso de los años y, en varias ocasiones, se estudió la posibilidad de la provincialización. La ley Nº 14037, de agosto de 1951, provincializó el territorio de Chaco (junto a La Pampa) fijando como límites los del territorio provincializado y manteniendo la capital vigente. Se dictaron las respectivas constitución provincial a través de una Convención especialmente convocada, por lo que para diciembre de 1951 Chaco tuvo su propia constitución.
Los territorios al norte del río Bermejo, después del laudo de Rutheford Hayes (1878), se convirtieron en la gobernación de Formosa. Al igual que las demás gobernaciones fue modificada por la mencionada ley de 1884, pero la ley nacional Nº 14408 de junio de 1955, aceleró el proceso de provincialización y la declaró como provincia; la misma ley fijó, provisoriamente, a la ciudad de Formosa como capital. Con el gobierno provisional de la revolución de 1955, en abril de 1957, se convocó a elecciones para elegir a los convencionales encargados de dictar la constitución. Las cinco constituciones fueron dictadas en el mismo año.
Bartolomé Mitre tomó la iniciativa de poblar el territorio patagónico, promoviendo la colonización de Chubut por colonos galeses, para lo que una ley de 1867 dispuso la ocupación, por el ejército, de la línea de los ríos Neuquén y Negro. Recién durante el gobierno del presidente Nicolás Avellaneda, el Congreso, en octubre de 1878, dictó la ley Nº 947 que dispuso la ejecución de la ley de agosto de 1867 que establecía la línea de fronteras sobre la margen izquierda de los ríos Negro y Neuquén, previo sometimiento o desalojo de los pueblos indígenas ocupantes de la región. Esta ley fue de importancia considerable en nuestra historia porque dio los recursos necesarios para terminar la guerra contra los salvajes y permitió establecer firmemente la soberanía de la Nación en territorios abandonados. Sin esta ley, que fue punto de partida de la Campaña del Desierto, no hubiera podido dictarse la ley de organización de los territorios nacionales en 1884, ni menos afrontar ventajosamente la cuestión de límites con Chile. Sin embargo, la ley fue cuestionada en nombre de los derechos de su provincia por el gobernador Carlos Tejedor, aunque la posición del general Mitre lo obligó a ceder. Por pedido del entonces ministro de Guerra y Marina, J. A. Roca, los límites fijados fueron definitivos y, en octubre de 1878, se creó una gobernación en los territorios de Patagonia según los parámetros establecidos para Chaco en 1872, hasta que se dictara una ley general; la expedición al desierto aseguró el dominio de la región. La mencionada ley de 1884 dividió en cinco gobernaciones los territorios nacionales patagónicos: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Por un decreto ratificado luego por el Congreso Nacional, el gobierno de la revolución de 1943 creó una nueva gobernación, al declarar como zona militar a la zona de explotación petrolífera de Comodoro Rivadavia. El gobierno sería ejercido por un oficial superior del ejército, nombrado por el Poder Ejecutivo, con título de gobernador militar; tenía a su cargo todas las fuerzas destinadas al lugar por el Ministerio de Guerra, tanto de policía como militares. A través de un decreto del gobierno provisional de 1943 fue transformado el gobierno del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, al disponer que éste, junto al de la isla de los Estados, fuera ejercido por un oficial superior de la Armada, nombrado por el Poder Ejecutivo, con el título de gobernador marítimo de Tierra del Fuego, investido de todas las facultades establecidas por la ley de 1884. Al igual que en el caso de Comodoro Rivadavia, estaba a cargo de todas las fuerzas destinadas al lugar. Un decreto de abril de 1944 dispuso que se denominara oficialmente territorio nacional a la entidad territorial que encerraba sus límites y gobernación al órgano del estado a cargo de su administración y gobierno; en cuanto a la autoridad encargada del gobierno nacional de Tierra del Fuego mantendría su denominación de Gobernación Marítima.
La ley nacional Nº 14408, de junio de 1955, aceleró el proceso de provincialización y declaró como provincias a los territorios nacionales Neuquén y Río Negro (junto al de Formosa), a la vez suprimía la gobernación marítima de Tierra del Fuego y la militar de Comodoro Rivadavia, en tanto que creaba otras dos provincias con los nombre de Chubut y Patagonia para los territorios que la misma ley delimitaba. La misma ley fijó, provisoriamente, a las ciudades de Neuquén, Viedma, Rawson y Río Gallegos como capitales de estas provincias. El gobierno provisional de la revolución de 1955 dispuso la división del territorio de Patagonia en dos partes. En primer término, modificó la ley Nº 14408 al crear la provincia de Santa Cruz, con capital en Río Gallegos, con el territorio del antiguo territorio de Santa Cruz, antes de la creación de la gobernación militar de Comodoro Rivadavia. En segundo lugar, poco después, se dispuso la creación del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur para solucionar la situación del territorio separado. Por otra parte, de la misma forma que ocurrió en el caso de Chaco, La Pampa y Misiones, en abril de 1957, se convocó a elecciones para elegir a los convencionales que dictaran las constituciones de estas cinco nuevas provincias. Las cinco constituciones fueron dictadas en el mismo año y ellas constituciones estuvieron caracterizadas, al igual que las otras tres, por un poder legislativo unicameral, la elección directa del gobernador, mandatos de cuatro años para el gobernador y diputados, un poder judicial independiente y un régimen municipal debidamente organizado.
La expedición de 1879 acabó con el peligro del indio e hizo efectiva la jurisdicción de la República en la región de La Pampa. Así, la ley Nº 1532, de 1884, estableció con esta denominación una de las gobernaciones en que se dividían los territorios nacionales, pero, con el transcurso de los años, esta gobernación había acrecentado su población. La ley Nº 14037, de agosto de 1951, provincializó los territorios La Pampa (junto al de Chaco), fijándole como límites los del territorio provincializado y manteniendo a la ciudad de Santa Rosa como capital. En enero de 1952, se dictó la constitución provincial a través de una Convención especialmente convocada.
Muerto Ramírez en 1821 y disuelta su creación política, Misiones se erigió en provincia bajo la acción de su comandante, general Félix Aguirre, y la protección del gobernador de Santa Fe, Estanislao López, pero, en 1827, el gobernador de Corrientes, invocando la necesidad de concluir con la anarquía reinante, ocupó Misiones y puso fin a su existencia como provincia. En diciembre de 1881, el Congreso dictó la ley Nº 1149 que fijó los límites de la provincia de Corrientes y, a la vez, estableció que el Poder Ejecutivo Nacional propondría al Congreso la organización, administración y gobierno que considerara conveniente, para la parte del territorio de Misiones que quedara fuera de la provincia de Corrientes. Modificada esta disposición por la ley de 1884, años después, se siguieron los mismos pasos que en los casos de Chaco y La Pampa, cuando la ley Nº 14294, de diciembre de 1953, declaró provincia al territorio nacional de Misiones, en la medida que mantuvo los límites y capital del territorio, a la vez que convocó a una Convención para que dicte una constitución (sancionada en noviembre de 1954). La revolución de septiembre de 1955, entre las medidas referidas a este tema y que produjeron diversas modificaciones a las nuevas provincias, dejó sin efecto las constituciones sancionadas para estas tres provincias, por lo cual, en 1957, se convocó a una Convención para dictar una nueva, pero sólo Chaco llegó a dictarla el mismo año. Por ello, cuando el gobierno provisional convocó a elecciones generales en 1958 no pudo hacerlo en La Pampa y Misiones, pero mientras que Misiones lo hizo para abril de 1958, la provincia de La Pampa debió ser intervenida con el objetivo de normalizar sus instituciones y reorganizar sus poderes.
En lo referente al caso específico del Territorio de los Andes, la zona cedida por Bolivia a Argentina por el tratado del 10 de marzo de 1899 carecía de núcleo organizado de población y de habitantes suficientes para la implantación inmediata del gobierno propio, por lo que se buscó establecer una organización administrativa, para lo que se dictó la ley Nº 3906, de enero de 1900. Dos años después, Salta cedió una parte de su territorio, en el que se encontraba San Antonio de los Cobres, pueblo que fue designado como capital del territorio. Producida la revolución de 1943, el gobierno provisional, por decreto, derogó la ley disolviendo el territorio y distribuyó su territorio entre Salta, Catamarca y Jujuy.

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http://www.redargentina.com/relatos/index.htm
Material compilado y revisado por la educadora argentina
Nidia Cobiella (NidiaCobiella@RedArgentina.com)

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